Avanza consenso por el Plan Bienestar Metropolitano

Joaquín Díaz Mena sostuvo este martes una serie de reuniones individuales con representantes de diversas fuerzas políticas del Congreso del Estado para presentar los alcances del Plan Bienestar Metropolitano, como parte del diálogo previo al envío de una solicitud de financiamiento por mil 500 millones de pesos al Poder Legislativo.

En esta jornada, el mandatario estatal encabezó encuentros con el diputado Gaspar Quintal Parra, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); los legisladores Larissa Acosta Escalante y Javier Osante Solís, de Movimiento Ciudadano (MC); así como con la diputada sin partido, Rosana de Jesús Couoh Chan.

Estas mesas de trabajo se suman a las presentaciones realizadas con anterioridad ante los integrantes de las bancadas de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Partido Acción Nacional (PAN).

El proyecto incluye una propuesta de intervención estructurada a partir de las aportaciones de más de 34 mil personas en foros, consultas y mesas de trabajo donde participaron especialistas, académicos, organizaciones civiles y autoridades locales.

A partir de este diagnóstico, se priorizaron tres áreas de atención clave para Mérida y los municipios conurbados: la mejora de los servicios de agua potable y saneamiento, el fortalecimiento de la movilidad e infraestructura vial, y la ampliación de la capacidad de seguridad pública mediante inversión en infraestructura y desarrollo tecnológico.

El Ejecutivo estatal señaló que la estrategia considera un esquema de coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, entre las que destacan la administración federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; el Ayuntamiento de Mérida, presidido por Cecilia Patrón Laviada, y las alcaldías de la zona metropolitana.

La solicitud de financiamiento será turnada al Congreso del Estado acompañada de los proyectos ejecutivos, los destinos específicos de los recursos financieros y los esquemas de fiscalización para su posterior análisis y dictaminación en el Pleno.