En la Opinión de Ronald Rojas

La semana pasada hubo un hecho notorio que interrumpió la tranquilidad que caracteriza a Yucatán, toda vez que se encontró en la colonia Plan de Ayala Norte a un perro con un impacto de perdigón. El hecho hizo que se movilizara la Unidad de Protección de Animales del Ayuntamiento de Mérida y la Unidad Veterinaria del SEMEFO, adscrita a la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la información que compartió el propio Ayuntamiento se trató de un pastor ganadero australiano que presentó heridas con perdigones, inicialmente se reportó en estado crítico.

El hecho generó el repudio social por parte de la ciudadanía yucateca. Pero más allá de la condena colectiva, ya está en marcha la ejecución de las leyes y lo que procede, de acuerdo con la legislación vigente.

Cada legislatura presenta una reforma para condenar este tipo de hechos, tal como el que ocurrió en Plan de Ayala Norte. En la legislatura 62, los entonces diputados Harry Rodríguez Botello Fierro y Karla Franco Blanco hicieron que se tipificara como delito la agresión hacia un animal, es decir, que por ley se castigara no sólo la muerte sino también causarle herida a un ser sintiente.

Posteriormente, en la legislatura 63, el legislador Jesús Pérez Ballote, el hoy director del Ayuntamiento de Mérida, propició un cambio en la ley, en la que también se debe perseguir por oficio el maltrato y la crueldad hacia los animales. 

Ahora, ya identificado y sujeto a proceso el responsable de la agresión, las leyes de Yucatán deben seguir su curso, con relación a este caso de maltrato animal. Debe destacarse que no hay ningún instrumento jurídico que regule en uso de armas de aire, que, aunque no son de fuego, lo que sucedió en Plan de Ayala Norte revela que sí pueden producir daño a seres sintientes.