Piden colectivos a diputados reformar la ley y derogar el artículo que penaliza el riesgo de transmisión de VIH

La bancada de Morena, a través de la diputada Clara Rosales, presentó este miércoles ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma para derogar el artículo de la Constitución de Yucatán que penaliza el peligro de contagio por VIH.

La propuesta contó con el respaldo de las fracciones parlamentarias de Acción Nacional y Morena, así como con el acompañamiento de organizaciones civiles que exigen el fin de la criminalización de esta condición de salud.

Gerardo Cabrera Reséndiz, representante del colectivo S3D, señaló que Yucatán busca convertirse en la tercera entidad del país en eliminar esta normativa.

El activista calificó el marco legal vigente como obsoleto, argumentando que utiliza terminología inadecuada como “enfermedades venéreas” en lugar de infecciones de transmisión sexual, y que su existencia fomenta una “cacería de brujas”, en lugar de promover la prevención y atención médica.

De acuerdo con los promoventes, la actual redacción de la ley desincentiva el diagnóstico oportuno. Al penalizar a quien actúe “a sabiendas de” su diagnóstico, muchas personas optan por no realizarse pruebas para evitar posibles repercusiones legales, lo que contraviene las estrategias de salud pública destinadas a reducir la transmisión mediante el tratamiento antirretroviral.

Cabrera Reséndiz, quien vive con VIH, denunció que la estigmatización legal se traduce en discriminación institucional.

Como ejemplo, relató una experiencia reciente en un servicio de salud donde fue relegado en su horario de atención bajo argumentos estigmatizantes, violando lo establecido en la Norma Oficial Mexicana y las guías de manejo clínico para pacientes con esta condición.

La iniciativa será turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación.

Los colectivos de derechos humanos destacaron que la aprobación de esta reforma es fundamental para garantizar el derecho a la no discriminación y para actualizar la legislación local, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y salud pública.