Posibles sanciones para ex funcionarios

De acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado los funcionarios de la pasada administración municipal que rescindieron el contrato con ABC Leasing por el alumbrado público de la ciudad, podrían hacerse acreedores a sanciones que van desde apercibimientos privados o públicos hasta multas económicas y la inhabilitación temporal por 10 años para ejercer un cargo público,  si a final de cuentas se hallaran responsables de un fallo  contra la comuna.

En diciembre de 2012 el Cabildo meridano, encabezado por Renán Barrera Concha, decidió revocar el contrato con la citada empresa, dejó de pagar la renta por 8 millones de pesos mensuales y comenzó a sustituir más de 82 mil luminarias instaladas en la administración de Angélica Araujo Lara por presuntas fallas en las mismas.

 Ante esa situación, para asegurar el pago y evitar que continuara la sustitución de lámparas, ABC Leasing interpuso ante el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa una denuncia por la cancelación anticipada del contrato de arrendamiento que suscribió con el Ayuntamiento, pero el fallo no dejó satisfecha a ninguna de las partes: se podían cambiar las lámparas, pero el pago mensual tendría que continuar.

Ambas partes contrademandaron y  luego de varios meses y amplia disputa legal, en agosto pasado el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa del Estado decidió que el Ayuntamiento debería pagar cerca de 220 millones de pesos a la empresa por la rescisión del contrato. Inconforme, la administración municipal solicitó la intervención del Tribunal Colegiado de la Federación, la última instancia legal, cuya resolución está en espera y deberá emitirse en los próximos días.

En caso de que este fallo resulte adverso a la comuna, esta podría iniciar una investigación administrativa contra los funcionarios  públicos que acordaron la rescisión del contrato de ABC Leasing para saber si incurrieron en una responsabilidad administrativa, según opinión del licenciado Carlos Herrera Lizcano, abogado litigante y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán.

 “En el caso de los funcionarios del Cabildo que fueron los que tomaron la decisión, entiendo, de dejar de hacer los pagos, por considerar que la empresa había dejado de cumplir, yo estimo que de los diferentes tipos de responsabilidad, política, jurídica o administrativa, el único caso que puede aproximarse es una responsabilidad administrativa” indicó.

El licenciado Herrera Lizcano puntualizó que para que se determine esto, el afectado, en este caso el Ayuntamiento de Mérida, debe avisar a la Contraloría para que se inicien las investigaciones, determinar  si existe o no responsabilidad y emitir su resolución al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, que la validaría.

”Supongamos que ocurre, en el hecho de que se les encuentre responsables a los funcionarios finalmente las sanciones a los que ellos se pueden hacer acreedores está en la Ley de, las sanciones pueden ser amonestaciones, multas, suspensión en el ejercicio del cargo, puede haber una inhabilitación, y estas sanciones pueden ser previstas a estos servidores.” Expresó.

 El especialista aseguró que hasta el momento el difícil determinar si el Cabildo encabezado por Renán Barrera cayó en una responsabilidad administrativa, pues el caso no ha sido resuelto; reiteró que se debe esperar a que se dicte una solución final y si la parte que pierda quiere proceder, dijo, está en derecho de hacerlo.

 La actual administración está a la espera de la resolución, para saber si debe o no pagar a ABC Leasing, y es que aunque se esperaba la discusión del caso a principios del mes de enero, el Tribunal decidió aplazarlo hasta nuevo aviso.